Guido Ochoa, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo a SciDev.Net que la legislación aspira a incorporar a innovadores locales “para que creen software libre que pueda ser utilizado por nuestras instituciones públicas. Esto fortalecerá la independencia tecnológica de Venezuela”.
“En la Universidad de los Andes utilizan software libre desde hace varios años. Entre otros beneficios, ahorra mucho dinero en licencias”
Guido Ochoa No menos del dos por ciento de los recursos recaudados por la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) a través del aporte obligatorio que realizan las empresas privadas, serán destinados a financiar los objetivos de la Ley de Infogobierno, según la resolución oficial.
Esto significaría alrededor de US$ 300 millones, de acuerdo con los reportes públicos correspondientes al año 2012. De 2013 no hay cifras oficiales.
El congresista dijo que espera que la transición para las universidades se dé con fluidez: “En la Universidad de los Andes, por ejemplo, utilizan software libre desde hace varios años. Entre otros beneficios, ahorra mucho dinero en licencias”.
Ochoa también mencionó que varias oficinas de investigación científica de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la estatal encargada de la extracción y comercialización del crudo nacional, vienen trabajando desde 2013 con el software libre “Guardián del Alba”, sistema operativo desarrollado en conjunto con universidades cubanas, que no es compatible con otros existentes en el mercado.
Marianne Díaz Hernández, abogada de derechos digitales y representante de Creative Commons en Venezuela, dijo a SciDev.Net que considera positiva la ley, pero que rechaza su presentación como un proyecto político.
“Durante años se ha querido hacer creer que el software libre es de izquierda, cuando éste responde a la filosofía de la libertad individual y la construcción colectiva del conocimiento”, señaló.
“El software libre no entiende conceptos como ‘soberanía’, porque al tomar una pieza de software y hacerla ‘copyleft’, estás permitiendo, y fomentando, que cualquier otra persona de cualquier país lo utilice, altere, realice derivados o haga cualquier cosa con él, incluso venderlo”.
Díaz Hernández agregó que la Ley de Infogobierno requiere que el software utilizado en instituciones públicas sea también “copyleft”. “Esto constituye un aspecto muy positivo de innovación tecnológica, beneficioso para el desarrollo y la educación”, aseguró.
A juicio de la experta, la inversión inicial debería orientarse a “preparar profesores, estudiantes y empleados públicos en el manejo adecuado de software libre”, y asegurarse de que todo el trabajo hecho con software privativo, pueda abrirse, modificarse y usarse en los nuevos sistemas operativos de software libre con los que trabajará el gobierno y viceversa.
Fuente: scidev.net/
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