Así, la Junta se convierte en la primera comunidad autónoma que pone a disposición de todos los ciudadanos, instituciones y empresas el código fuente de los programas y aplicaciones informáticas que sean de su propiedad, ya hayan sido desarrollados por su personal, el de sus organismos autónomos o por terceros.
Este proceso de liberación se realizará en un plazo aproximado de un año, periodo en el que se llevará a cabo un inventario de todo el software de la Junta de Andalucía y se habilitarán las infraestructuras informáticas necesarias para poner a disposición pública el código y la documentación, así como una base de datos donde se puedan clasificar las diferentes aportaciones de cada depratamento del Gobierno andaluz.
Esta Orden no sólo implica la pública disponibilidad del software y aplicaciones que tiene la Junta de Andalucía, sino también la intención expresa del Gobierno andaluz de realizar cualquier desarrollo informático sobre la base del software libre. En este sentido, la liberación del software de la Junta supone, de cara a posibles licitadores de desarrollos que convoque la Administración, la posibilidad de acceder al código de las aplicaciones desarrolladas hasta el momento, lo que revierte directamente en una mejora de la calidad de sus propuestas y en la correcta realización de sus desarrollos que estarán sometidos a escrutinio público.
Esta iniciativa de la Junta se presenta como un fuerte impulso tecnológico regional, permitiendo a empresas de cualquier sector aprovechar las mismas soluciones de software libre desarrolladas por el Gobierno andaluz, mejorando así su competitividad y pudiendo ampliar su mercado potencial con desarrollos más asequibles. Del mismo modo, constituye una liberación de conocimiento en forma de código abierto que puede favorecer a otras administraciones, ya que podrán cubrir sus necesidades sin tener que abordar sus desarrollos desde cero.
El software libre propiedad de la Junta de Andalucía comprende tanto programas como aplicaciones informáticas y documentación asociada a los mismos, que pueden ser leídos y ejecutados para cualquier finalidad y sin restricciones; pueden ser copiados y modificados libremente; y permiten la libre difusión de sus copias y versiones modificadas. La clasificación que llevarán a cabo los técnicos de la Junta durante los próximos meses permitirá conocer la cifra exacta de programas y aplicaciones que van a ponerse a disposición pública, teniendo en cuenta las posibles restricciones que puedan existir por motivos de confidencialidad o de licencia compartida con terceros.
En lo referente a los modelos de licencia, será competencia de la Dirección General de Innovación y Administraciones Públicas la descripción detallada de las condiciones de uso del software libre, así como las instrucciones precisas para la ejecución y cumplimiento de la orden.
Reducción del gasto
El consejero Francisco Vallejo ha señalado como ventajas de esta inciativa la reducción del gasto informático de las administraciones públicas; el incremento de la transparencia; la mejora de la seguridad y de la eficiencia; el compartir esfuerzos, y la mejora de la accesibilidad.
Vallejo ha destacado que, así, "las empresas andaluzas no van a tener que comprar ciertos programas, podrán utilizar los de la Junta". La medida será además, según el consejero, "un escaparate" para las empresas que precisamente han elaborado los programas que maneja la Administración andaluza.
El acceso a los programas no vulnerará la propiedad intelectual, ha advertido el responsable de Innovación, ya que se fijarán unas condciones de uso. Las modificaciones que sufran los programas al ser adaptados por empresas o particulares deberán realizarse en software libre. Vallejo ha avisado, no obstante, de que se impondránua serie de excepciones relacionadas con la confidencialidad del ciudadano o licencias de terceros.
Fuente: Junta de Andalucia
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