El mundo depende cada vez más de tecnologías de información y comunicaciones, de internet, y de redes privadas inaccesibles, lo que ocasiona en el ciberespacio latentes amenazas a la seguridad de un Estado o de cualquier organización con sofisticados ciberataques (hackers, botnets, spyware, ransomware, defacing, etc.) que podrían causar gran impacto en el funcionamiento del gobierno, empresas o seguridad ciudadana.
En este contexto, estas graves amenazas se enfrentan con adecuadas políticas, planes, estrategias e inteligencia informática en el ámbito cibernético, tanto en seguridad como en defensa, a través de la ciberseguridad definida como la capacidad del Estado para reducir niveles de riesgo de amenazas cibernéticas de organizaciones, empresas o población usuaria, y la ciberdefensa, definida como la capacidad del Estado para prevenir y contrarrestar amenazas o ataques cibernéticos que afecten la seguridad nacional o las infraestructuras críticas del Estado (servicios, tecnologías de información y redes).
Bajo este panorama, en nuestro país contamos con el Sistema Nacional de Informática y su ente rector, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la PCM, también existe un proyecto de ley 772/2016-CR sobre ciberseguridad aprobado por la Comisión de Inteligencia que no ha sido debatido, y hasta una ley 30096 (octubre-2013) que incluye nueve graves delitos informáticos, sin ninguna pena privativa impuesta concretada, pero principalmente, no contamos con un marco normativo actualizado ni con una política ni plan de acción nacional en ciberseguridad y ciberdefensa, que nos permita desarrollar objetivos estratégicos, lineamientos y planes de acción destinados a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar los riesgos de las cada vez mayores amenazas cibernéticas.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/
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