Bolivia gasta 7 millones dolares anuales por compra de licencias de programas

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Para usar cada copia de un programa que ponga en marcha la computadora, sea un procesador de texto u otros más sofisticados, se debe pagar una licencia a su creador. La mayoría de los programas de empresas como Microsoft, Oracle o IBM están protegidos, es decir que no se los puede modificar ni mejorar sin la autorización del creador. Sin embargo, en el mundo hay una creciente tendencia a liberar los programas, de manera que el acceso sea gratuito y los códigos abiertos.

Ese el caso de FreeToDownload.org que ofrece más de 1.500 programas libres y 1.000 alternativas de programas propietarios, principalmente en Windows aunque también en Mac, Android e iPhone. Los desarrolladores de programas buscan la posibilidad de modificarlos y adaptarlos a las necesidades específicas de cada empresa o institución, pero solo pueden hacerlo cuando caduca la licencia de los programas protegidos.

Los que impulsan el software libre propugnan la democratización del acceso a la tecnología y al conocimiento. Su vigencia en Bolivia, más allá de significar un ahorro para las arcas del Estado, conlleva una visión filosófica establecida en la Constitución Política.

De principio, las leyes establecen que hasta 2020 todas las instituciones públicas deben migrar hacia el software libre, con el fin de alcanzar la soberanía tecnológica y aumentar la seguridad.

El ambicioso reto fue planteado en el Decreto 1973 de noviembre de 2013, que reglamenta las tecnologías de información, a partir de la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones N. 164.

La vicepresidenta del Senado, Nélida Sifuentes, es una de las principales activistas del software libre. Ella reveló a OPINIÓN (6-6-15) que lograr la normativa en esta materia no fue fácil, debido a la resistencia y el boicot de algunos funcionarios, entre ellos un viceministro que fue destituido.

La presión de una empresa transnacional para que Bolivia compre sus programas incluyó ofertas de viajes a Estados Unidos con todos los gastos pagados, según Sifuentes. Aún no se conoce qué porcentaje de la administración pública ya migró al software libre, pero su vigencia se hace cada día más necesaria. Todas las instituciones públicas usan tecnologías de información y deben transparentar su gestión a través de páginas web, entre otros requerimientos.

Fuente: opinion.com.bo

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