Software libre también se puede explotar como negocio

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En puntos álgidos, como la administración de seguridad, se requiere el apoyo de una empresa privada. El decreto 3.390 es asumido por el Estado, pero los grandes proyectos siguen en software privativo 60% de servidores de la Administración Pública corren en plataformas libres, pero la mayoría son privadas

La Administración Pública Nacional está trabajando fuertemente en el proceso de migración de sus plataformas, tanto en servidores, como en sistemas de escritorio y aplicaciones, entre otros, hacia software libre, pero la misión, que está anclada en el decreto 3.390 que salió en Gaceta hace unos seis años y que prioriza el uso de este tipo de software sobre el privativo, necesita del soporte privado para su éxito.

Y es que una solución de software libre, desarrollada muchas veces por los entusiastas y fanáticos de la legión, puede tranquilamente descargarse en un equipo para uso en casa o en alguna oficina para manejar las áreas no estratégicas del negocio, sin mayor problema, pues el usuario difícilmente necesitará soporte para ello y si así lo requiere tendrá que recurrir a la comunidad o pagar al proveedor de la solución gratis que, en la mayoría de los casos, tiene una solución similar pero que debe ser comprada o pagar un servicio de uso mensual o anual para contar con soporte.

Y esa misma solución, en el caso de la administración pública, puede ser ideal para el manejo de herramientas como las que ofrece Office de Windows pero en ambientes libres, donde por descargar un archivo no se necesitará soporte o consultoría.

Sin embargo, cuando la instalación del software tiene que integrarse en puntos más álgidos del negocio o de la estructura gubernamental, como sistema operativo, sistema de administración de bases de datos, finanzas, manejo de información privilegiada, aplicaciones para gestión de negocios o, sencillamente, la administración de seguridad, entre otros, la decisión de migración hacia este tipo de soluciones necesita el apoyo de una empresa privada para el soporte o, por supuesto, de los desarrolladores de la aplicación, que seguramente entregaron su código a la comunidad pero manejan su negocio privado y allí generan un negocio.

Es por ello que, cuando se toma la decisión, en la mayoría de los casos, hay un privado o comunidad que está generando ingresos y, por supuesto, todo el concepto del software libre se termina y comienza a entrar el nombre de Open Source, prácticamente lo mismo, pero en donde está detrás una empresa privada o un pequeño equipo de desarrollo que está cobrando por el soporte que se requiere para que la solución esté disponible y sin mayores problemas.

En Venezuela, por ejemplo, donde el Gobierno destaca manejar más de 60% de sus servidores bajo software libre, la realidad está en que, en la mayoría de esos proyectos, hay un pago por soporte (con algunas excepciones de soluciones web que no son neurálgicas y no hacen temer al instituto de un ataque cibernético) y la libertad se acaba, igual pasa con la decisión de migración de toda la estructura de computadoras de escritorio hacia el sistema operativo Canaima, el mismo que usan las miniportátiles, que salió en Gaceta el pasado 14 de marzo.

No obstante, las miniportátiles que están entregando a niños en edad escolar, por ser equipos que sólo manejan contenidos educativos, entre otros, sí se nutren de la realidad del software libre y, como destacó una fuente consultada, el concepto del software libre aplica perfecto para proyectos educativos, universidades y la descarga de aplicaciones en casa que no repercuten en mayores conflictos tecnológicos, pues si se tiene algún problema la eliminas y la vuelves a descargar, pero en el corazón de una empresa o institución, ese riesgo no puede correrse.

Por: William Peña

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